¿Qué es una red transnacional de defensoría?

Una red transnacional de defensoría comprende a cientos de individuos y grupos que unen fuerzas para trabajar por una única causa. Juntos, fijan un programa en común y crean una campaña que atraviesa las barreras nacionales, culturales y religiosas.

"Su capacidad para generar información rápida y precisa, y de desplegarla de manera efectiva, es su más valioso activo; también es central para su identidad", informan Margaret Keck y Kathryn Sikkink en Activists Beyond Borders.

La misión de las redes transnacionales de defensoría es cambiar las actitudes y los comportamientos establecidos, así como también presionar a los gobiernos y a la comunidad internacional para que ratifiquen nuevos tratados y adopten nuevas políticas. Su éxito radica en la manera en que enmarcan las problemáticas. Los temas que defienden tienen que ser universales, urgentes y cargados emotivamente.

Historia de la red de violencia contra las mujeres

Hasta principios de los ochenta, los grupos de mujeres del mundo luchaban en forma aislada. En Perú, por ejemplo, se organizaron para ponerle fin a las violaciones sistemáticas de las prisioneras. El gobierno no solo ignoraba, sino que justificaba los abusos. "¿Eres virgen? Si no eres virgen, ¿de qué te quejas? Es normal", le dijo un fiscal peruano a una víctima de abuso sexual.

En la India, enfrentaban sus propios problemas: las mujeres eran víctimas de quemaduras de ácido y asesinatos por dote.

En Europa del Este, el activismo luchaba para prevenir la esclavitud sexual y el tráfico de mujeres, mientras que en Europa Occidental estaban ocupados tratando de llamar la atención sobre la problemática de la violencia doméstica. En Nigeria, los grupos de mujeres trabajaban para educar a la gente sobre los efectos nocivos de la circuncisión femenina.

En principio, sus luchas parecían no estar relacionadas. Pero al reunirse y colaborar durante muchas conferencias internacionales, en particular la Conferencia Mundial sobre las Mujeres de la ONU de 1980 en Copenhague, estos grupos activistas disímiles y distantes geográficamente se dieron cuenta de que sus problemas estaban interconectados: estaban abogando en nombre de las víctimas de la violencia de género. Sus problemáticas locales eran diferentes caras de una pandemia mundial de violencia contra las mujeres.

La ONU reconoce la violencia contra las mujeres

A principios de la década del 80, miles de grupos de activistas se unieron bajo el paraguas de la "violencia contra las mujeres" y comenzaron a construir una poderosa red internacional. Como frente unido, tenían fuerza en el número, recursos, información y personal. Su meta: ejercer presión sobre las Naciones Unidas y aprobar tratados internacionales vinculantes para proteger a las mujeres del daño.

Debutaron en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993 y obtuvieron una gran victoria. Por primera vez, la violencia contra las mujeres era reconocida internacionalmente.

La Declaración de Viena reconocía la "importancia de trabajar por la eliminación de la violencia contra las mujeres tanto en la vida pública como en la privada" y hacía hincapié en la urgencia de eliminar "todas las formas de acoso, explotación y tráfico de mujeres".

Ese mismo año, la Asamblea General de la ONU aprobó la fundamental, aunque no vinculante, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. Esta resolvía que la "violencia contra las mujeres es un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz... [y] constituye una violación de los derechos y las libertades de las mujeres... que las oportunidades para las mujeres de obtener igualdad legal, social, política y económica están limitadas, entre otras cosas, por la continua y endémica violencia".

Los derechos de las mujeres son los derechos humanos

Al llegar a la cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Pekín en 1995, los grupos de defensoría tenían dos declaraciones internacionales en su haber. Sin embargo, la clave de su éxito en esta conferencia fue una nueva estrategia de campaña: sostenían que la violencia contra las mujeres violaban los derechos humanos de las mujeres.

Era un argumento difícil de ignorar. Insertando la problemática de la violencia de género dentro del discurso ya aceptado de los derechos humanos, sostuvieron que las mujeres, en virtud de su condición de seres humanos, merecían ser protegidas de la muerte, del daño físico y, por ende, de la violencia.

Esto se convirtió en el tema más urgente de la conferencia. La Declaración de Pekín resultante reconocía que la "violencia contra las mujeres es un obstáculo contra el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. [Esta] viola y perjudica o anula la fruición por parte de las mujeres de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales".

Aun más importante, la Declaración de Pekín creó una plataforma de acción y estableció objetivos estratégicos específicos que incluían medidas tanto para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres como para estudiar sus causas y sus consecuencias.

Victorias regionales e internacionales desde 1993

Juntos, estos esfuerzos cambiaron la cara de la política regional e internacional. En América, 26 países firmaron y 32 ratificaron la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, más conocida como la Convención de Belém do Pará. Este tratado de 1994 es vinculante, lo que significa que los estados deben, de acuerdo a la ley, tomar todas las medidas necesarias para proteger a las mujeres de la violencia de género.

Los firmantes del tratado acuerdan "seguir, por todos los medios apropiados y sin demora, políticas para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia... abstenerse de involucrarse en cualquier acto o práctica de violencia contra las mujeres... aplicar la debida diligencia para prevenir, investigar e imponer penas a la violencia contra las mujeres".

Las organizaciones que trabajan para poner fin a la violencia contra las mujeres también cambiaron la ley humanitaria internacional. El Caucus de Mujeres por la Justicia de Género (WCGJ, por sus siglas en inglés), una organización internacional con base en La Haya, Países Bajos, presionó a la Corte Penal Internacional (CPI) para reclamar que la violación, la esclavitud sexual, la violencia sexual y la prostitución involuntaria durante la guerra--actos realizados con impunidad en el pasado--fueran considerados crímenes de guerra. Tuvieron éxito y la CPI, ratificada por 108 estados, ahora tiene la obligación de procesar a los perpetradores de violencia de género durante la guerra.

Las organizaciones por los derechos de las mujeres aún tienen trabajo. Aunque la convención regional de Belém do Pará y las victorias de la CPI son encomiables, las mujeres en Perú, la India, Europa del Este y Nigeria--de hecho, del mundo--no estarán seguras hasta que la violencia contra las mujeres se codifique en un tratado vinculante de la ONU y no solo en una declaración bienintencionada.